solicita inclusión de concepto de desarrollo socioeconómico en la nueva Ley de Incentivos
A: Medios de comunicación
De: Alianza Multisectorial por el Desarrollo Económico Comunitario
Persona Contacto: Lcda. Amárilis Pagán Jiménez (Tels. 787-703-0148 y cel. (787) 486-6432) y Pedro Santiago (Tel. 787-646-9011)
San Juan, Puerto Rico, domingo, 13 de abril de 2008- “Un crecimiento económico sin generación de empleos dignos y sin contar con los elementos de desarrollo sostenible no solucionará la crisis económica y de desigualdad que enfrenta Puerto Rico”. Con esa premisa como norte, líderes de la Alianza Multisectorial por el Desarrollo Económico Comunitario (AMDEC) reclamaron participación en el Comité Timón a cargo de redactar la nueva Ley de Incentivos y comparecieron el pasado viernes ante el Comité Técnico que apoya los trabajos del mismo.
Según explicaron a los medios, su presentación incluyó un total de 12 propuestas dirigidas a fortalecer el sector de empresas comunitarias el cual se compone principalmente de microempresas estructuradas como cooperativas, corporaciones de trabajadores, DBAs e iniciativas de autoempleo. También proponen que se apoyen las organizaciones que incuban este tipo de empresas y que al día de hoy son el principal apoyo en la Isla para el desarrollo económico comunitario (DEC).
Pedro Santiago, integrante de la junta de AMDEC y director de la Red de Apoyo a Grupos Comunitarios en Desarrollo Socioeconómico destacó que “la realidad de Puerto Rico nos obliga a establecer un nuevo paradigma de desarrollo sostenible en el cual se dé relevancia a la eliminación de las desigualdades que provocan la pobreza y la exclusión de sectores importantes de nuestra sociedad”. Según éste, el modelo económico tradicional demostró ser ineficaz para enfrentar los retos del Puerto Rico del Siglo XXI y fragmentó los esfuerzos de desarrollo haciendo que el desarrollo sostenible pareciera incompatible con el desarrollo económico y al crear la apariencia de que el crecimiento económico es un fin en sí mismo.
A su vez la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, presidenta de AMDEC y directora de Proyecto Matria, indicó que las tres propuestas básicas de la organización son:
1. Que la ley considere no sólo el aspecto económico sino que tenga también lenguaje y contenido que contemple la justicia social.
2. Que la ley tenga un enfoque de desarrollo sostenible.
3. Que la ley sea inclusiva y no exclusiva en cuanto a los sectores de producción económica.
De dichas propuestas básicas se derivan las doce que incluyen, entre otras, las siguientes:
1. Definir el área de Desarrollo Económico Comunitario dentro de la política pública de la nueva ley como un pilar importante para la economía del país y que a la luz de esta política pública se elabore una estrategia inclusiva y pertinente que atienda las necesidades reales de dicho sector tomando en cuenta que el mismo representa emprendimientos sociales exitosos como cooperativas, empresas propiedad de trabajadores, micro-emprendimientos, la pequeña y mediana empresa, entre otras iniciativas que aportan abundantemente a nuestra economía.
2. Crear una certificación que permita a los/as empresarios/as comunitarios/as y organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria que promueven y tienen como una de sus prioridades el desarrollo económico comunitario, disfrutar de un paquete de incentivos que les permita acceder a ciertos beneficios como los que se enumeran más adelante.
a. La renta de edificios a través de Fomento Industrial para la creación de Incubadoras de Microempresas y Empresas Comunitarias y la asignación de instalaciones industriales a organizaciones sin fines de lucro, de base comunitaria (según definición que someta el sector comunitario), que demuestren capacidad y compromiso en establecer incubadoras de microempresas y empresas comunitarias
b. Créditos o incentivos para la utilización de fuentes de energía alternas en microempresas y empresas comunitarias.
c. Participación en procesos de subastas, licitaciones u otros instrumentos del Estado
3. Revisar las definiciones y tipos de empresas que se incluyan en la ley para que las empresas comunitarias de distintos niveles puedan cualificar para los incentivos. (En la Ley actual las definiciones, límites de empleados/as y de ingresos excluyen a estas empresas)
4. Eliminar o reducir el porcentaje de exportaciones que debe tener una empresa/industria para cualificar para los incentivos. No toda empresa capaz de producir empleos y crecimiento económico en la Isla exporta.
5. De insistirse en la creación de una Junta de Regentes, incluir en ésta una silla para un/a representante del sector económico comunitario en su definición amplia (empresarios/as y organizaciones de promoción y desarrollo del sector)
6. Crear mecanismos de pago rápido a empresas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios vitales para el país estableciendo una línea de crédito con cero (0) intereses en el Banco de Desarrollo para aquellas OSFL que ofrezcan servicios al gobierno
7. Promover la contratación de empresas comunitarias con o sin fines de lucro requiriendo a otras industrias que se benefician de incentivos gubernamentales que mantengan un porcentaje de sus contratos con empresas comunitarias y revisar el cumplimiento de este requisito mediante la solicitud de informes al respecto como parte de un proceso de recertificación.
Luis Valderrama de Comité de Caborrojeños Pro Salud y Ambiente agregó que es importante que se cree la infraestructura adecuada (inmuebles, energía renovable, procesos de permisos, recursos humanos y distribución) para atraer no sólo al inversionista extranjero sino al local. “Hay estudios que demuestran que la infraestructura y el estar cerca de su cadena de proveedores y clientes, son las principales razones para invertir en un país”. concluyó.
La Alianza Multisectorial por el Desarrollo Económico Comunitario agrupa sobre 25 organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y agencias gubernamentales entre las que están PECES, Inc. la Red de Apoyo a Grupos Comunitarios en Desarrollo Socioeconómico, Proyecto Matria, Inc., OPDH y Caborrojeños Pro Salud y Ambiente. Colaboraron en esta iniciativa además, Cumbre Social y la Corporación para el Desarrollo del Caño Martín Peña.
